Ayudas para el alquiler

Sáb, 04/11/2020 - 18:52

La orden ministerial publicada hoy contempla en primer lugar, en relación con el nuevo programa de ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social del COVID-19 en los alquileres de vivienda habitual, el programa de ayudas directas de hasta 900 euros al mes durante un plazo de seis meses. Se concederá mediante adjudicación directa y en los "supuestos de vulnerabilidad económica y social sobrevenida a consecuencia del COVID-19", que serán determinados por las comunidades autónomas.

Así lo recoge la orden publicada este sábado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que modifica el real decreto aprobado por el anterior Ejecutivo para regular el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021.

El Gobierno cumple así con lo dispuesto en el real decreto del pasado 31 de marzo por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19, entre los que se incluyen las nuevas ayudas al alquiler para los colectivos más vulnerables.

Tal como se aprobó en el Consejo de Ministros del pasado 31 de marzo, el Gobierno también extiende de 400 a un máximo de 600 euros la ayuda para el pago del alquiler a víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio, sin hogar o colectivos vulnerables, que puede elevarse en casos justificados hasta 900 euros, siempre con un límite del 100% de la renta del inmueble. Y se añaden otros 200 euros para la atención de los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos, con un límite del 100% de los mismos.

El plazo en el que se podrán conceder las mismas también se amplía de tres a cinco años, pudiendo acumularse con efectos retroactivos otras cuantías para atender al pago del alquiler o los gastos de mantenimiento, comunidad y suministros básicos de los seis meses anteriores, en el caso de que fueran necesarias.

Tal como recoge el documento, estas subvenciones solo podrán destinarse al pago de la renta del alquiler o en su caso y en la parte que corresponda a la amortización total o parcial del préstamo suscrito, con cuyo importe se pagó la renta del alquiler.

“La determinación de la cuantía deberá contar con el informe favorable de los servicios sociales de la comunidad autónoma, de la ciudad de Ceuta y Melilla o de la administración local correspondiente”, detalla. Asimismo, serán las CC.AA. quienes deberán concretar el plazo, no pudiendo extenderse en ningún caso más allá del 30 de septiembre de 2020.

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